Parece que nuestro concejal independiente, C. Delgado, se nos ha hecho pluriempleado de la noche a la mañana. No es que yo tenga nada en contra de que la gente se busque la vida lo mejor que pueda, el problema es quien se está buscando la vida: un concejal liberado (gana 4.000 € x mes, igual que un concejal de gobierno) que además es el portavoz y único miembro de un grupo municipal.
Es extraño que C. Delgado cometa un error político de esta magnitud por 1.700 €, por lo que descarto el móvil económico. Si C. Delgado ha dado este paso, aún sabiendo que tendría muchas críticas, ha tenido que ser por una motivación bien distinta del tema económico.
Yo me inclino a pensar, aunque esto es pura elucubración, que le ha podido más la soberbia y ha querido lustrar su currículo de una manera pública y notoria. Ha querido demostrar que los de la izquierda son los de la "carrera del galgo" y que él, además de independiente, es una persona formada, con carrera "de verdad" y que además le llaman de un instituto universitario para ser profesor. Todo un "porque yo lo valgo" que diría el anuncio de L'oreal.
Utilizando su propio estilo, un tanto demagógico, le deberíamos decir al señor C. Delgado que en esta época de crisis económica profunda, con un sueldo de 4.000 € en el bolsillo, está acupando el puesto de una persona en paro que no tiene ni un euro que llevar a casa.
Qué habría dicho C. Delgado si este tema lo plantea un concejal de gobierno? Seguro que algo muy parecido a lo que acabo de decir en el párrafo anterior. Tal vez hubiera añadido que el puesto exige dedicación exclusiva y que por lo tanto estábamos ante una golfería más del equipo de gobierno.
Está claro, todo depende del color del cristal con que se mire.
Por cierto, en el último post decía que siguiéramos atentos el desarrollo del Caso Cuadrifolio; pues bien el lunes tendremos nuevas y sorprendentes noticias que van a dar mucho que hablar
Hablamos el lunes...
1.11.09
El Caso Cuadrifolio
Hace ya algunos días que no escribo, básicamente por problemas de tiempo y algún que otro problema informático, y ya va siendo hora de remediarlo. Para ello nada mejor que un tema candente como el llamado Caso Cuadrifolio.
El caso no es muy difícil de contar. Otra cosa bien distinta son las interpretaciones, más o menos interesadas, que se puedan hacer de él sobre todo con la que está cayendo. Y digo que no es muy difícil de contar porque, afortunadamente, he tenido acceso a información valiosa, de varias fuentes de información orales y escritas, sobre este caso que, como siempre que se tienen buenos datos, puede resultar muy clarificadora.
Resulta que en la última Junta de Gobierno de la anterior legislatura, se aprobó un gasto por poco más de 100.000 € correspondiente a una campaña de información sobre lo que iba a ser en nuevo Plan General de Urbanismo de Leganés, que luego se quedó en nada igual que la supuesta campaña informativa.
Los miembros de esa Junta de Gobierno eran: J.L. Pérez Ráez, F. Izquierdo, M. Pedruelo, F. Arroyo, R. Salinas, Y. Sevilla, M. Maroto, R. Calle y S. Llorente. Estos dos últimos no asistieron a dicha Junta, por lo que no están metidos en el lío.
El caso arranca cuando durante su corto mandato como alcaldesa, G. Bragado, denuncia el caso ante la fiscalía anticorrupción. Esta fiscalía contesta diciendo que este caso no es de su competencia (no aprecia corrupción, ni malversación, ni cohecho) derivando el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser J.L. Pérez Ráez diputado.
Éste es el tribunal que decide, primero imputar a los miembros de la Junta de Gobierno presentes y, recientemente, procesarlos por presunto delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta o no ajustada a derecho).
El problema viene cuando los miembros de la Junta de Gobierno afirman que no tenían informe negativo de la interventora ni del secretario del Ayuntamiento para tomar la decisión. Por el contrario, la interventora y el secretario afirman que durante la Junta de Gobierno informaron negativamente sobre el pago de forma verbal, no por escrito. Lo cierto es que el informe negativo de la interventora, del cual he podido ver una copia, está fechado un día más tarde de la celebración de la mencionada Junta de Gobierno y, casualmente, metido por registro municipal un día antes de que se produjera la denuncia de G. Bragado ante la fiscalía anticorrupción.
Hasta aquí el relato objetivo de los hechos para que cada uno pueda formarse una opinión al respecto.
Mi opinión es, por un lado, que este no es un caso de corrupción (como reconoció el propio fiscal anticorrupción) sino de una presunta prevaricación por irregularidad en un acto administrativo como bien indicaba la nota de prensa del grupo municipal PSOE. Otra cosa es que se quiera, porque convenga en estos momentos, mezclar las churras con las merinas y decir que todo es corrupción.
Por otro lado, me parece que el quid del problema no radica en la decisión de pagar una deuda del ayuntamiento tomada por la Junta de Gobierno (que ya decidirá el juez), sino en quién presentó ese expediente para su aprobación en la Junta, y quién lo tramitó posteriormente una vez aprobado por la Junta pero ya con el informe negativo por escrito de la interventora municipal. Esa persona es el Concejal de Hacienda A. García Blázquez que, casualmente, también lo era en la anterior legislatura. Este señor tiene que saber bastante más sobre el caso (es llamado en algunos círculos municipales "El Señor de las Cuatro Hojas") pero es el único que no dice una sola palabra. Solamente debería contestar a porqué presentó ese expediente con tanta prisa y porqué continuó su tramitación una vez leído el informe negativo de la intervención.
Seguiremos muy atentos este caso porque puede deparar más de una sorpresa.
El caso no es muy difícil de contar. Otra cosa bien distinta son las interpretaciones, más o menos interesadas, que se puedan hacer de él sobre todo con la que está cayendo. Y digo que no es muy difícil de contar porque, afortunadamente, he tenido acceso a información valiosa, de varias fuentes de información orales y escritas, sobre este caso que, como siempre que se tienen buenos datos, puede resultar muy clarificadora.
Resulta que en la última Junta de Gobierno de la anterior legislatura, se aprobó un gasto por poco más de 100.000 € correspondiente a una campaña de información sobre lo que iba a ser en nuevo Plan General de Urbanismo de Leganés, que luego se quedó en nada igual que la supuesta campaña informativa.
Los miembros de esa Junta de Gobierno eran: J.L. Pérez Ráez, F. Izquierdo, M. Pedruelo, F. Arroyo, R. Salinas, Y. Sevilla, M. Maroto, R. Calle y S. Llorente. Estos dos últimos no asistieron a dicha Junta, por lo que no están metidos en el lío.
El caso arranca cuando durante su corto mandato como alcaldesa, G. Bragado, denuncia el caso ante la fiscalía anticorrupción. Esta fiscalía contesta diciendo que este caso no es de su competencia (no aprecia corrupción, ni malversación, ni cohecho) derivando el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser J.L. Pérez Ráez diputado.
Éste es el tribunal que decide, primero imputar a los miembros de la Junta de Gobierno presentes y, recientemente, procesarlos por presunto delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta o no ajustada a derecho).
El problema viene cuando los miembros de la Junta de Gobierno afirman que no tenían informe negativo de la interventora ni del secretario del Ayuntamiento para tomar la decisión. Por el contrario, la interventora y el secretario afirman que durante la Junta de Gobierno informaron negativamente sobre el pago de forma verbal, no por escrito. Lo cierto es que el informe negativo de la interventora, del cual he podido ver una copia, está fechado un día más tarde de la celebración de la mencionada Junta de Gobierno y, casualmente, metido por registro municipal un día antes de que se produjera la denuncia de G. Bragado ante la fiscalía anticorrupción.
Hasta aquí el relato objetivo de los hechos para que cada uno pueda formarse una opinión al respecto.
Mi opinión es, por un lado, que este no es un caso de corrupción (como reconoció el propio fiscal anticorrupción) sino de una presunta prevaricación por irregularidad en un acto administrativo como bien indicaba la nota de prensa del grupo municipal PSOE. Otra cosa es que se quiera, porque convenga en estos momentos, mezclar las churras con las merinas y decir que todo es corrupción.
Por otro lado, me parece que el quid del problema no radica en la decisión de pagar una deuda del ayuntamiento tomada por la Junta de Gobierno (que ya decidirá el juez), sino en quién presentó ese expediente para su aprobación en la Junta, y quién lo tramitó posteriormente una vez aprobado por la Junta pero ya con el informe negativo por escrito de la interventora municipal. Esa persona es el Concejal de Hacienda A. García Blázquez que, casualmente, también lo era en la anterior legislatura. Este señor tiene que saber bastante más sobre el caso (es llamado en algunos círculos municipales "El Señor de las Cuatro Hojas") pero es el único que no dice una sola palabra. Solamente debería contestar a porqué presentó ese expediente con tanta prisa y porqué continuó su tramitación una vez leído el informe negativo de la intervención.
Seguiremos muy atentos este caso porque puede deparar más de una sorpresa.
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